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Julio López - Lo Seguimos buscando

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JORNADA DE ALEGATO DE LA FISCALIA
El Fiscal solicitó penas de cumplimiento efectivo para los responsables de los delitos de lesa humanidad.

“Larga vida en una cárcel común ”. Ese fue el deseo y el pedido que el Fiscal Félix Crous realizó al Tribunal Oral Federal Nº 5 para los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención Mansión Seré o Atila (Castelar, Provincia de Buenos Aires), La Cueva y Comisaría 4ª (Mar del Plata). Para los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes solicitó penas de 25 años y para el Coronel Pedro Barda prisión perpetua, las penas máximas previstas en la legislación argentina para los delitos de los que están acusados.  “Estos señores que están sentados a mi diestra, son hoy, aquí, en esta sala, torturadores” por ocultar el destino final de las víctimas a sus familiares, sentenció el fiscal en su detallado y prolijo alegato.

Durante todo el proceso la estrategia de la defensa no fue negar los hechos ocurridos en Mansión Seré, sino desvincular a los imputados del Centro Clandestino de Detención, responsabilizando, en cambio, a la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea. A esa estrategia, la Fiscalía respondió con las pruebas y los argumentos que sí señalarían como responsables a Comes y Mariani como autores mediatos de los delitos allí cometidos. Crous aseguró que existen constancias de sobra que demuestran la responsabilidad de los brigadieres en lo ocurrido en el CCD Mansión Seré y en el territorio de la Subzona 16, que comprendía los partidos de Morón, Merlo y Moreno. A la vez, el Fiscal  no descartó que la Jefatura II de Inteligencia también hubiera participado en la denominada “ lucha contra la subversión ”.

Como resultado de un minucioso y fundamentado trabajo por parte de la Fiscalía, el relato fue agrupando todos los documentos y testimonios reunidos en el juicio, conformando un alegato que no dejó dudas sobre la responsabilidad de los aeronáuticos en la represión en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Crous describió en primer lugar el secuestro y cautiverio de cada uno de los 12 casos que se juzgan en este debate, acreditando que estuvieron “privados ilegalmente de su libertad en el CCD Mansión Seré, donde fueron sometidos a tormentos” y que, en algunos casos, también permanecieron secuestrados en las Comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Quienes declararon que estuvieron cautivos en la Comisaría 3ª de Castelar o en la Comisaría 2ª de Haedo, coincidieron en que la policía no era la responsable de su situación, sino que estaban bajo dependencia de la Fuerza Aérea, contradiciendo así lo declarado por los imputados. Comes y Mariani  sostuvieron que las Comisarías no estaban subordinadas a la Aeronáutica, declaración que no coincide tampoco con la realizada por ellos mismos en la Causa 13/84. Además, detalló el Fiscal, se desprende de la Orden de Operaciones Provincia 2/76, dictada por el brigadier Miguel Ángel Osses que a los fines de la denominada “lucha contra la subversión ” se transfería “a la Fuerza Aérea y concretamente a la Fuerza de Tareas 100 el control operacional de las Comisarías de la zona, entre las que específicamente se menciona a la Comisaría 1ª de Morón, la 2ª de Haedo y la 3ª de Castelar” . Todas están denunciadas como Centros Clandestinos de Detención.

Desde 1949 la propiedad del predio donde se encontraba la Mansión Seré perteneció a la Municipalidad de Buenos Aires, hasta que en 2006 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió donarlo al Municipio de Morón. Entre la documentación que presentó la Fiscalía figura el contrato de comodato con fecha 17 de diciembre de 1976 (a días de asumir Mariani como Jefe de la  Brigada Aérea  de Palomar y por lo tanto de comandar la Fuerza de Tareas 100), en el que el Intendente Municipal Brigadier Osvaldo Cacciatore autorizó ceder el predio en Comodato al Comando en Jefe de la Aeronáutica.

“Esta solicitud del inmueble no es una casualidad, sino que tiene su correlato en el dictado de la Orden de Operaciones “Provincia” Nro. 2/76 emitida en el mes de junio de 1976 por el Comando de Agrupaciones Marco Interno de la Fuerza Aérea” , explicó Crous. También describió que por medio de esta orden y a fin de “intensificar las acciones contra la subversión”, el Comando de Zona I del Ejército (que operaba en la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Capital Federal) le cedió a la Fuerza Aérea el control territorial de los partidos de Morón, Moreno y Merlo, que conformaron la Subzona 16. Allí estaban ubicadas la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno y el Grupo I de Vigilancia Aérea de Merlo (G.I.V.A.).  Crous recordó que durante la última dictadura el país había sido dividido en diversas Zonas, Subzonas y Áreas, estando Mansión Seré dentro de la Subzona 16 y a sólo 2 kilómetros de la VII Brigada Aérea.

Esta Orden de Operaciones creó la Fuerza de Tareas 100 -prosiguió explicando el Fiscal- de la que fueron jefes Hipólito Mariani entre el 2 de diciembre de 1976 y el 20 de diciembre de 1977, fecha en que lo sucede César Comes ocupando el cargo hasta 1979, datos que los mismos imputados corroboraron. La Fuerza de Tareas 100, -describe el documento-,  tenía como “misión” “ ejecutar operaciones militares y de seguridad ininterrumpidamente…, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas” y “obtener amplia información sobre las estructuras de las organizaciones subversivas, en particular sus elementos combatientes .”, entre otros puntos. Crous aclaró que, por medio de las pruebas que lo acreditan en esta causa, esa información “era obtenida en los interrogatorios bajo torturas que se perpetraban en el CCD” .

Para redondear este punto del alegato, Crous señaló, según lo documenta la Orden de Operaciones Provincia, que ejercer “la jefatura de la Fuerza de Tareas implicó quedar a cargo de la Subzona 16”. También agregó que Mariani y Comes en sus declaraciones “se refieren a la Fuerza de Tareas y a la Subzona indistintamente, haciendo específica mención a que esta Subzona 16 estaba a su cargo” . También señaló a los imputados como los responsables de la “lucha antisubversiva” en esa Subzona ya que ellos declararon que otras fuerzas de seguridad no podían realizar operativos ni actuar en el territorio sin solicitar “área o zona libre”.

La fiscalía contra argumentó la estrategia del abogado José Ignacio Garona - quien en  el Juicio a las Juntas defendió al Brigadier Orlando Ramón Agosti- quién intentó desvincular a Comes y Mariani de participar en la “lucha contra la subversión” responsabilizando de llevar adelante esa  “tarea” a la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Crous no descartó la participación de esta Jefatura  -de la cual dependía la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (R.I.B.A)- en la “lucha contra la subversión” y en los delitos que se juzgan en esta causa. “Sin una adecuada inteligencia será imposible encarar con éxito cualquier acción efectiva contra la subversión” detalla la misma Orden de Operaciones Provincia donde se anuncia la creación de lo que luego fue la R.I.B.A. Crous detalló entonces parte del funcionamiento del circuito represivo articulado entre ambas partes: “Era un camino de doble mano: la Mansión Seré, que fue el principal CCD de la zona, aunque no el único, proveía información de inteligencia y recibía la necesaria para que operaran las patotas de la Fuerza de Tareas, y así realimentar el circuito”. Y concluyó “es evidente que los miembros de la patota de la Fuerza de Tareas que actuaban en la Subzona y en el CCD Mansión Seré hacían parte del trabajo de inteligencia: interrogar bajo tortura”. La Fuerza de Tareas fue comandada por Mariani y Comes y, por lo tanto, se los imputa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y de la aplicación de tormentos en 8 y 7 casos respectivamente. 

“En este contexto Inteligencia es sinónimo de tortura ”, aseguró la Fiscalía, tortura que fue utilizada a “escalas impensables” por las fuerzas represivas en la búsqueda de información sobre las organizaciones armadas y los distintos ámbitos de la militancia. Por otro lado “el hecho de haber estado en el centro debe ser considerado, por sí mismo, una tortura”, enfatizó Crous cuando describió las condiciones inhumanas en las que vivieron los detenidos, al permanecer desnudos, hacinados, tabicados y esposados, sin ningún contacto con el exterior, recibiendo escasa alimentación y un sinnúmero de crueles maltratos.  Todos los relatos de los sobrevivientes han probado, según detalla el alegato, que cotidianamente fueron objeto de torturas físicas y psíquicas (quemaduras de cigarrillos, constantes golpizas, abusos sexuales, violaciones, picana eléctrica, submarino, simulacro de fusilamiento, constantes amenazas). El fiscal citó la declaración de Jorge Quiroga durante este juicio: Muchas veces el sufrimiento más grande de todos nosotros era escuchar el dolor de los otros” , para remarcar con ejemplos el gran deterioro físico y psíquico provocado por permanecer en cautiverio en Mansión Seré.

La Fiscalía enumeró los elementos que aportaron los testimonios y que vinculan a la Mansión Seré con la Fuerza Aérea y específicamente con las Brigadas Aéreas de Morón y Palomar. Entre ellos mencionó que los miembros de las guardias y la patota pertenecían a la Aeronáutica; la presencia de una radio en Mansión Seré por la que se comunicaban con las Bases; la insignia de la Fuerza Aérea vista por algunos de los detenidos en platos, toallas o frazadas; los operativos en los que participaron integrantes de la Fuerza con los camiones azules de la Aeronáutica, entre otros.

Otro punto del alegato describió las características de la casa y el funcionamiento dentro de la Mansión Seré. Para ello la Fiscalía se apoyó en los  testimonios brindados en esta causa, incluyendo las investigaciones aportadas por la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Morón. Quedó corroborado que la Mansión Seré era una casa quinta de dos plantas, que en el primer piso había una cocina, una radio y siete habitaciones donde las víctimas permanecían en cautiverio, estando una de las piezas adaptada para practicar allí las sesiones de tortura. La casa era custodiada por guardias de tres personas que rotaban cada tres días y la patota era la encargada de los secuestros, los interrogatorios y las torturas.

Los imputados Comes y Mariani, explicó el Fiscal, alegaron que nunca pudieron cumplir con lo encomendado en la Orden de Operaciones Provincia porque no contaban con suficiente personal y que por lo tanto sólo podían ocuparse de la defensa de las Bases Aéreas y de patrullar la zona. Este cuadro de total incumplimiento, aseguró Crous, “resulta a todas luces absurdo ”, y lo explicó: “En una estructura como es la de las fuerzas armadas y ante el dictado de una orden como es la Orden de Operaciones Provincia, no sólo no resulta creíble sino que además es absurdo pensar que ésta fue incumplida y que además este incumplimiento no habría implicado ningún tipo de sanción para sus responsables, como es el caso de Mariani y Comes”. Luego señaló que en el propio Legajo Personal de la Fuerza Aérea de Mariani,  su superior Miguel Ángel Osses lo felicita por “la eficacia y sobriedad con que ha actuado en la lucha antisubversiva”.

Crous también señaló que si la Fuerza de Tareas 100 debía patrullar y controlar la zona “es ridículo que no supiese ” quién ocupaba la Mansión Seré y con qué destino, teniendo en cuenta las características del predio, que “era muy grande, y conocido en la zona, que tenía reflectores, de donde provenían ruidos de disparos, y al menos en ocasión de las dos fugas concentró un gran numero de personal militar según se probó en la causa; y que además estaba distante apenas unos 2 kms del asiento de la VII Brigada Aérea”.

La Fiscalía pidió las penas máximas previstas para esos delitos en nuestra legislación. Para Hipólito Mariani y César Comes solicitó 25 años por ser coautores mediatos del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, por su condición de funcionario público y por mediar violencia o amenazas y por la aplicación de tormentos, agravados por ser impuestos por un funcionario público y por la condición de perseguido político de la víctima. En el caso de Mariani se le atribuyen estos delitos en ocho oportunidades y a Comes en siete.

Para Pedro Barda se solicitó cadena perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber sido cometida por un funcionario público, reiterada en tres oportunidades; por el delito de aplicación de tormentos agravados por ser impuestos por funcionario y por la condición de perseguido político de la víctima y por homicidio agravado por alevosía en dos oportunidades.

“Los hechos aquí juzgados son, como ya se dijo, delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal”, concluyó el Fiscal.

Ingresado el dia 31/10/2008 - Noticia leída 2643 veces

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