Un caso testigo

Cuando en diciembre de 1999 asumió el gobierno de Martín Sabbatella debía llamarse a licitación para definir la nueva concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios ya que el contrato vigente vencía en julio de 2000. En este marco, la fundación Poder Ciudadano llevaba adelante el programa de contrataciones transparentes para las contrataciones públicas de alto impacto social.

El 15 de junio de 2000 tuvo lugar la sesión extraordinaria de carácter público convocada por el Concejo Deliberante con el objetivo de tratar el pliego enviado por la intendencia referido al proceso licitatorio para el servicio de recolección y transporte de residuos.

Esta iniciativa, de carácter inédito en el gobierno local, consistió en combinar una sesión del Concejo Deliberante con una convocatoria de audiencia pública, abierta y participativa para que todos los actores involucrados (autoridades, legisladores, empresarios, trabajadores, vecinos, veedores nacionales y extranjeros y diversas Ongs) opinaran sobre este proceso de alto impacto en la calidad de vida de la comunidad.

A través de la licitación pública fue posible una disminución del precio de dicho servicio equivalente a 17 millones de dólares al momento de la contratación haciendo de Morón el caso más exitoso a nivel municipal.
El intendente Martín Sabbatella incorporó, además, un Pacto de Integridad, convirtiéndose así Morón en el primer municipio argentino en suscribir este tipo de acuerdo.

Este pacto, firmado por la Municipalidad y las cuatro empresas que participaron de la licitación y monitoreado por una organización no gubernamental, resultó una fórmula eficaz para garantizar el cumplimiento de la ley, establecer mecanismos prácticos de control mutuo entre la administración y los oferentes e imponer sanciones en los casos de incumplimiento.

Luego de la importante crisis que sufriera el país en diciembre de 2001, y a raíz de la devaluación del peso y el fin de la paridad cambiaria, la empresa concesionaria del servicio planteó la necesidad de renegociar las condiciones de contratación.

Para llevar a cabo este proceso, el Municipio, nuevamente con la cooperación de Poder Ciudadano, convocó a diversas audiencias públicas las cuales contaron con la participación de Ongs, vecinos, entidades intermedias, colegios profesionales y universidades.

De esta manera se determinó el impacto real que la devaluación causó en los costos del contrato y se establecieron los parámetros para lograr un acuerdo razonable tanto para la empresa como para el Municipio.

El 2 de agosto de 2005, ante un nuevo llamado a licitación, nuevamente unos 200 vecinos y representantes de organizaciones intermedias discutieron en Audiencia Pública el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitación para la concesión del servicio de recolección de residuos en el distrito dándole continuidad a la política de transparencia que viene llevando adelante el Municipio desde hace cinco años.

El desarrollo de todo el proceso fue monitoreado nuevamente por la organización Poder Ciudadano, el CIPPEC y la FARN.